Los cargos contra Kalshi van desde delitos menores hasta delitos graves.
La acusación incluye 12 cargos de promoción del juego en línea, lo cual constituye un delito grave de tercer grado en Utah. También incluye un cargo de actividad ilegal repetida, que es un delito grave de segundo grado. El último cargo es de promoción general del juego, lo cual es un delito menor de clase A.
La ley de Utah establece que las sanciones máximas para un delito menor de clase A son de hasta 364 días de prisión y una multa de 2500 dólares; para un delito grave de tercer grado, son de hasta 5 años de prisión y una multa de hasta 5000 dólares; y para un delito grave de segundo grado, son de hasta 15 años de prisión y una multa de hasta 10000 dólares.
El estado no emitió órdenes de arresto contra Mansour ni Lopes Lara, pero los convocó para que respondieran a los cargos en el Tribunal del Tercer Distrito del Condado de Salt Lake. La semana pasada, el fiscal general solicitó que Kalshi cerrara sus operaciones en Utah, así como una indemnización por el presunto daño causado a los residentes.
El estado informó que un agente de su oficina abrió una cuenta secreta en nombre de Kalshi. Se dice que el agente utilizó una dirección residencial de Utah, un número de teléfono de Utah y una tarjeta de débito emitida en ese estado.
Según los documentos, la plataforma de mercado de predicciones solicitó al agente que “confirmara su ubicación mediante servicios de localización” en Utah antes de poder realizar una apuesta. Luego realizó 12 apuestas en eventos deportivos, incluyendo partidos de la NFL. En total, arriesgó 114,87 dólares y perdió 25,10 dólares.
Cada una de las 12 apuestas constituía un delito de promoción del juego en línea, lo cual es contrario a la legislación estatal.
Utah es el segundo estado que busca sanciones penales contra Kalshi.La Fiscal General de Arizona, Kris Mayes, presentó cargos criminales antes de que la Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías (CFTC) interpusiera una demanda, pero luego detuvo esas procedimientos. El día anterior a ello, la CFTC demandó a Utah. El martes 27 de octubre, la CFTC presentó una demanda contra Utah, solicitando al estado que pusiera fin a su caso civil contra Kalshi y que dejara de investigar la plataforma. La demanda reitera que la CFTC es la única autoridad federal con competencia para regular las empresas que operan en mercados de predicciones. El presidente de la CFTC, Michael Selig, solicitó al tribunal federal de Utah una orden judicial provisional contra Brown y otros funcionarios estatales. Una orden judicial provisional es una orden que detiene una acción mientras el caso está en curso. Esto ocurre en medio del conflicto entre los estados de EE. UU. y la administración de Trump sobre los mercados de predicciones; docenas de estados, liderados por funcionarios republicanos y demócratas, sostienen que la CFTC no tiene la autoridad para regularlos. El mes pasado, Nueva Jersey solicitó al Tribunal Supremo de EE. UU. que decidiera si las autoridades estatales o federales tienen jurisdicción sobre las apuestas deportivas en estas plataformas. Los tribunales aún no han dado su aprobación a Kalshi. Kalshi perdió batallas legales anteriores en Utah: en agosto, un juez federal decidió que Utah podía aplicar sus leyes contra el juego de azar a los mercados de predicciones en línea, según informó US News. El tribunal de distrito rechazó una solicitud similar de la empresa para obtener una orden judicial provisional, y también lo hizo el 10º Circuito de Apelaciones de EE. UU. En el momento de estas decisiones, ningún funcionario de Utah había tomado medidas contra la plataforma de mercados de predicciones. Los tribunales afirmaron que los comentarios de Cox y otros no eran suficientes para impedir la aplicación de las leyes.Sin embargo, con los nuevos documentos civiles y penales presentados por Brown, Kalshi y la CFTC pueden ahora utilizarlos como pruebas de las acciones emprendidas contra ellos.
Los próximos pasos a seguir son la forma en que el tribunal federal maneje la solicitud de la CFTC, una sentencia del 10th Circuit, y la respuesta de Mansour y Lopes Lara a sus citaciones en el condado de Salt Lake.
