En virtud del acuerdo, las agencias llevarán a cabo investigaciones paralelas sobre objetivos comunes, compartirán información sobre sindicatos del crimen organizado y debatirán qué jurisdicciones deberían procesar casos específicos. El DOJ dijo que las autoridades ya han identificado casos coincidentes y planean un operativo presencial para interrumpir sus actividades con socios del sector privado en Londres a principios de octubre.

El pacto transfronterizo llega mientras las pérdidas reportadas en Estados Unidos por fraude de inversión en criptomonedas siguen aumentando. Según el DOJ, las pérdidas reportadas al Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI aumentaron un 89%, hasta los 8.650 millones de dólares en 2025, frente a los 4.570 millones de dólares de 2023.

Los esfuerzos internacionales apuntan a complejos de estafa con criptomonedas

El acuerdo amplía el Grupo de Trabajo contra Centros de Estafa, que la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro puso en marcha en noviembre de 2025 para combatir a redes del crimen organizado chino que operan centros de estafa principalmente en el Sudeste Asiático. Según el DOJ, sus operaciones incluyen fraudes de inversión en criptomonedas y a menudo están vinculadas con la trata de personas y el blanqueo de capitales.

El grupo de trabajo incluye al FBI, el Servicio Secreto de Estados Unidos, la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos, Investigaciones de Seguridad Nacional y oficinas del Departamento de Justicia. También trabaja con el Tesoro y el Departamento de Estado de Estados Unidos, así como con empresas privadas, para interrumpir las operaciones de estafa y recuperar los fondos de las víctimas.

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Las autoridades internacionales han coordinado redadas contra operaciones similares. El 29 de abril, el DOJ informó sobre una operación dirigida por la policía de Dubái en la que participaron el FBI y el Ministerio de Seguridad Pública de China, que resultó en 276 detenciones y el cierre de al menos nueve centros de estafa con criptomonedas. Se presentaron cargos contra seis personas por su participación en tramas que supuestamente utilizaban plataformas falsas de inversión en criptomonedas para solicitar depósitos a las víctimas.

Los gobiernos del Sudeste Asiático también han adoptado medidas internas más estrictas. El 15 de mayo, el Gobierno militar de Myanmar había publicado un proyecto de ley que proponía condenas de entre 10 años y cadena perpetua por fraude con monedas digitales, con la posibilidad de aplicar la pena de muerte cuando murieran personas obligadas a trabajar en centros de estafa.

El 28 de julio, el Parlamento aprobó el proyecto de ley, aunque no se había confirmado la sanción presidencial.

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