En una reciente carta enviada al Presidente, el grupo afirmó compartir el “compromiso de la administración Trump por una economía estadounidense dinámica y competitiva”, pero señaló que esta “visión común de la libertad económica está bajo amenaza directa por parte de los bancos más grandes del país”. Esto ocurre después de que JPMorgan informó a las empresas de tecnología financiera y a los agregadores de datos que dependen de sus datos de clientes que el acceso a esta información ya no estaría disponible de forma gratuita. PNC Financial Services Group Inc. también está considerando imponer tarifas similares. Según el grupo, estas tarifas afectarán al mercado en septiembre. La carta contó con la participación de ejecutivos como Alex Rampell, socio general de Andreessen Horowitz; Summer Mersinger, CEO de la Blockchain Association; Tyler y Cameron Winklevoss, cofundadores de Gemini; y Christopher Yin, fundador y CEO de Plume Network. También se unieron a este esfuerzo Vlad Tenev, presidente y CEO de Robinhood; Patrick Collison, cofundador y CEO de Stripe; y Tobi Lütke, CEO y fundador de Shopify. La misión de la administración Trump de construir una economía moderna se encuentra, por tanto, en peligro. Durante las elecciones presidenciales del año pasado, Trump promovió la idea de convertir a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas. La industria cripto, que en ese momento estaba siendo atacada por la Comisión de Valores y Bolsas de EE. UU. (SEC), apoyó su campaña con sumas de cientos de millones de dólares con el objetivo de lograr cambios.

“Su administración ha actuado con decisión para corregir las políticas erróneas del pasado y está sentando las bases para que Estados Unidos construya una economía verdaderamente del siglo XXI“, escribió el grupo, antes de señalar que este arduo trabajo de la administración Trump está “siendo amenazado activamente“ por los grandes bancos.

A través de nuevas tarifas de acceso a cuentas “exorbitantes“, el grupo afirma que esos grandes bancos intentan “impedir que los consumidores vinculen sus cuentas con los productos financieros que elijan“.

Si la administración Trump no interviene pronto, el grupo sostiene que esto llevará a una “interpretación legal peligrosa“ según la cual el derecho de un cliente a su información de cuenta no implica que pueda compartir libremente el acceso a los datos con “una aplicación de confianza que actúe en su nombre“.

Esto socavará el “principio de elección del consumidor“ de larga data, argumentó el grupo de ejecutivos de criptomonedas y tecnología financiera.

“Les instamos a utilizar todo el poder de su cargo y de la administración en su conjunto para evitar que las instituciones más grandes impongan nuevos obstáculos a la libertad financiera“, escribieron.

El problema gira en torno a una “regla de banca abierta” que fue finalizada en octubre del año pasado por la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (Consumer Financial Protection Bureau, CFPB) durante la administración de Joe Biden. Esta regla permite a los clientes compartir libremente sus datos bancarios con empresas de tecnologías financieras (fintech).

Aunque la comunidad criptográfica acogió con beneplácito la regla, los principales grupos de la industria bancaria se opusieron a ella y posteriormente demandaron a la CFPB.

Inicialmente, Trump indicó que se pondría del lado de los bancos y eliminaría la regla. Sin embargo, a finales de julio, bajo la presión de los lobbistas del sector criptográfico, cambió de opinión y decidió mantenerla en vigor.

Su administración comunicó a un juez que la regla permanecería en vigencia hasta que se estableciera una nueva que se ajustara mejor a las políticas del presidente.

Los grupos bancarios responden a las afirmaciones de los ejecutivos

Los grupos bancarios, liderados por la Asociación de Banqueros Estadounidenses (American Bankers Association), respondieron a esta carta a través de un comunicado de prensa, acusando a los ejecutivos del sector criptográfico y de las tecnologías financieras de intentar “socavar los mercados libres y participar en la fijación de precios por parte del gobierno”.

Según los grupos bancarios, estos ejecutivos están intentando imponer un doble estándar absurdo: pueden cobrar por el acceso a la información, pero al mismo tiempo esperan que los bancos proporcionen los mismos servicios sin costo alguno.

Banking groups state what they believe are the facts

Los grupos bancarios presentan lo que consideran hechos (Fuente: Asociación de Banqueros Estadounidenses).American Bankers Association

Los banqueros también respondieron a las acusaciones de los ejecutivos de la industria cripto y de la tecnología financiera de que las tarifas propuestas por los bancos constituyen una maniobra anticompetitiva destinada a “consolidar el poder”.

Según los banqueros, sus tarifas por el acceso a la información de las cuentas se ajustan a la práctica estándar de las empresas que ofrecen acceso a datos a través de API.

Subrayaron que Amazon Web Services, Microsoft Azure, X (anteriormente Twitter), Google y otras empresas también lo hacen. Según los grupos bancarios, incluso algunas de las compañías que firmaron la carta enviada a Trump lo practican igualmente.

Los banqueros añadieron que han “apoyado firmemente” los esfuerzos de la administración de Trump para “revocar las restricciones normativas que impiden a los bancos colaborar con empresas cripto”.

Trump apunta a desbanquiar a las empresas con un nuevo decreto ejecutivo.

El conflicto entre las industrias cripto y bancaria tradicional surge después de que Trump firmara un decreto ejecutivo a principios de este mes con el objetivo de sancionar a los bancos que restringen los servicios a ciertos clientes. Durante la administración de Biden, esto solía incluir a empresas que operaban en el sector cripto.

Conforme al nuevo decreto, los reguladores bancarios federales deben eliminar la referencia al “riesgo de reputación” de sus directrices para las instituciones de crédito. Este concepto amplio, según las empresas cripto y otras, obligaba en el pasado a los prestamistas tradicionales a rechazar a estas empresas.

El decreto también instruye a los reguladores a investigar si los bancos tienen políticas que les permitan participar en actos de “desbanqueo ilegal”.

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