La ley, sancionada en junio, impone un impuesto del 0,2% sobre el valor de los activos digitales que se intercambian, transfieren o almacenan, independientemente de que la transacción genere beneficios o no.

En julio, la Digital Chamber demandó al Procurador General de Illinois, Kwame Raoul, y al funcionario de ingresos estatales David Harris. Posteriormente, en agosto, la Blockchain Association y el Crypto Council for Innovation también presentaron objeciones legales. La entrada en vigor del impuesto, inicialmente programada para el 1 de enero de 2027, fue pospuesta al 1 de julio de 2027, lo que proporcionó más tiempo para resolver las disputas legales.

Según las estimaciones de la oficina presupuestaria del gobernador, Illinois esperaba que el impuesto sobre los activos digitales generara ingresos de 60 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2027. El presidente de la Cámara de Representantes de Illinois, Emanuel “Chris” Welch, promovió esta medida como parte de una agenda más amplia destinada a “cerrar las lagunas legales y hacer que las grandes empresas tecnológicas y los multimillonarios del sector de las criptomonedas paguen su parte justa”, según informó el Chicago Tribune en julio.

Los legisladores involucrados en la promoción de la legislación y la oficina del gobernador no respondieron a las solicitudes de comentarios de Cointelegraph antes de la publicación de este artículo.

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Los grupos empresariales advierten sobre los costos derivados del impuesto a las criptomonedas y los posibles incumplimientos legales.

En una presentación judicial del 6 de noviembre, SIFMA y la Cámara de Comercio de EE. UU. alertaron de que el impuesto de Illinois afectaría a bancos, corredores de bolsa, administradores de activos y otros actores del sector en todo el país, exponiéndolos a costos significativos de cumplimiento con la legislación.También destacaron la carga financiera para los clientes. “Esto significa que un cliente que pierde dinero debe pagar el mismo impuesto que uno que obtiene ganancias”, se indica en el documento. “Y un cliente que transfiere el mismo activo entre dos cuentas se enfrenta a impuestos (potencialmente en ambos extremos) sin que haya una venta, una ganancia o un cambio en la propiedad beneficiaria”. Los grupos afirmaron que las empresas necesitarán desarrollar sistemas para identificar a los clientes de Illinois, valorar los activos digitales y determinar qué transacciones son imponibles, al tiempo que se enfrentan a posibles sanciones penales por incumplimientos. También argumentaron que el impuesto discrimina contra los servicios de activos digitales, ya que transacciones similares que involucran activos tradicionales no son gravadas de la misma manera, lo que podría violar las protecciones fiscales federales en materia de internet, así como los requisitos constitucionales para el comercio interestatal y la imposición uniforme. El Departamento de Justicia (DOJ) cuestionó la política fiscal, mientras que las empresas de DeFi advierten sobre las responsabilidades de los desarrolladores. El DOJ también se manifestó el 6 de noviembre, señalando que el impuesto a los activos digitales de Illinois socava los esfuerzos federales por promover la innovación en criptomonedas y el liderazgo de EE. UU. en este sector. El documento mencionó la creación de una Reserva Estratégica de Bitcoin y la Ley GENIUS, que establece reglas federales para las monedas estables. El DOJ sostuvo que un trato fiscal menos favorable a los activos digitales podría entrar en conflicto con estas políticas. Por su parte, la coalición de DeFi advirtió sobre quién podría ser responsable de recaudar los impuestos.En cuanto al punto 11, el grupo argumentó que las reglas propuestas por Illinois podrían imponer obligaciones a los desarrolladores de software y a otros participantes en la cadena de bloques que carecen de información sobre los clientes, control sobre los fondos de los usuarios o la capacidad de recaudar impuestos.

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