La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha solicitado al tribunal que ordene a los fundadores de la plataforma de comercio de criptomonedas y divisas ya desactivada NovaTech, Cynthia y Eddy Petion, así como a las empresas relacionadas, que paguen 1370 millones de dólares debido a su esquema Ponzi.
Según un documento presentado en el tribunal el jueves, la fiscal general busca la devolución de unos 1130 millones de dólares de los fondos de los inversores, más 232,5 millones de dólares en intereses.
El tribunal consideró a Cynthia y Eddy Petion, así como a las empresas, responsables de forma automática en agosto de 2025, después de que no respondieran a la demanda.
Cuatro personas que reclutaron inversores para NovaTech han acordado pagar en total casi 6 millones de dólares a través de acuerdos de compensación destinados a beneficiar a las víctimas, según la oficina de la fiscal general.
Más de 11.000 neoyorquinos perdieron decenas de millones de dólares a través de NovaTech y de otra plataforma de minería de criptomonedas anterior, AWS Mining, según la oficina de la fiscal general. La queja indica que los promotores se dirigieron a comunidades haitianas y otras comunidades inmigrantes a través de grupos de oración, redes sociales y WhatsApp, prometiendo altas rentabilidades y bonificaciones por reclutamiento.
Según el documento presentado, los inversores depositaron unos 1160 millones de dólares en las carteras de criptomonedas de NovaTech entre agosto de 2019 y mayo de 2023. De este monto, solo alrededor de 26 millones de dólares se depositaron en el proveedor de servicios de comercio de la plataforma, B2Broker, para realizar transacciones, según la fiscal general.
La solicitud también reclama aproximadamente 615 millones de dólares, incluidos los intereses, en relación con AWS Mining.
AWS Mining colapsó en 2019, y NovaTech en 2023, lo que dejó a decenas de miles de inversores sin poder retirar sus fondos.James demandó judicialmente a NovaTech, AWS Mining y otras compañías asociadas en junio de 2024. Cointelegraph solicitó una opinión de la Oficina del Fiscal General de Nueva York sobre cómo se distribuirían los fondos recuperados entre las víctimas y qué medidas se podrían tomar para hacer cumplir la sentencia, pero hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta.


