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Las normas de la UE amplían la obligación de declarar impuestos sobre las transacciones criptográficas.

Grecia se encuentra entre los países de la Unión Europea que deben implementar la octava enmienda de la Directiva sobre Cooperación Administrativa (DAC8), una directiva de transparencia fiscal que extiende el intercambio automático de información entre las autoridades nacionales a las transacciones criptográficas.

La directiva exige a los proveedores de servicios criptográficos que recopilen datos de las transacciones de los usuarios de la UE a partir del 1 de enero de 2026. Estos proveedores deberán enviar dicha información a las autoridades nacionales, quienes a su vez deberán completar los primeros intercambios transfronterizos de datos relativos a las actividades de 2026 antes del 30 de septiembre de 2027.

Los requisitos de la DAC8 para la declaración de información sobre criptomonedas se basan en el Marco de Información sobre Activos Criptográficos (Crypto-Asset Reporting Framework, CARF) de la OCDE.Grecia se unió a un compromiso multinacional en noviembre de 2023 para implementar el CARF y comenzar los intercambios de información para 2027.