Sin embargo, este último acuerdo no resolvió todas las objeciones; un grupo bipartidista de procuradores generales estatales está pidiendo ahora a los senadores que rechacen el proyecto de ley, alegando que debilitaría la supervisión estatal de este sector.

Una coalición formada por 18 procuradores generales estatales, liderada por la procuradora general de Nueva York, Letitia James, señaló en una carta a los líderes del Comité Bancario del Senado que la Ley CLARITY dificultaría la acción de los estados contra las empresas de criptomonedas acusadas de fraude u otras conductas indebidas.

“Aunque la versión actual de la Ley CLARITY reserva ciertos poderes a los estados para procesar casos de fraude, el lenguaje utilizado es a menudo ambiguo o poco claro, lo que crea la posibilidad de impugnar dichos poderes o privar completamente a los estados de su capacidad para continuar luchando contra los ataques informáticos”, se indica en la carta.

La oposición añade otra complicación a esta legislación.Aunque el proyecto revisado otorga a los procuradores generales estatales un papel en la aplicación de las nuevas restricciones éticas, el grupo argumenta que otras disposiciones debilitarían su autoridad para supervisar el sector de las criptomonedas. La Ley CLARITY es considerada una legislación histórica de EE. UU. sobre las criptomonedas que establecería una estructura de mercado federal para los activos digitales, aclararía cuándo estos activos quedan bajo la jurisdicción de las leyes de valores mobiliarios o de materias primas, y delimitaría las responsabilidades de supervisión entre la Comisión de Valores Mobiliarios (SEC) y la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas (CFTC). Como informó Cointelegraph, el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, presentó la moción para cerrar el debate sobre la CLARITY el mes pasado, después de que los legisladores no lograron avanzar en la legislación antes de dejar Washington para las vacaciones de agosto. La votación de este martes determinará si el proyecto seguirá adelante para su debate en el Senado.La Associated Press informó el domingo que Trump había aceptado “alrededor del 80%” de una propuesta del senador republicano Thom Tillis y del senador demócrata Ruben Gallego, según un asesor senior del Partido Republicano. El proyecto ya prohibía a las autoridades electas a nivel federal, a sus cónyuges y a los jueces federales emitir activos digitales, pero el último acuerdo iba más allá de eso: las autoridades con un interés financiero “significativo” en una empresa de cripto estarían obligadas a deshacerse de ese interés o ponerlo en un fondo fiduciario. Los procuradores generales estatales también desempeñarían un papel en la aplicación de las restricciones. Estas concesiones responden a algunas de las preocupaciones planteadas por los demócratas y por Tillis, quienes argumentaban que las disposiciones éticas anteriores no eran lo suficientemente estrictas para abordar posibles conflictos de intereses relacionados con las participaciones de Trump en el sector de las criptomonedas y sus actividades empresariales. La publicación Crypto in America, presentada por Eleanor Terrett, señaló que los acontecimientos del fin de semana despertaron un “sentimiento de optimismo renovado” en todo el sector de los activos digitales.Los republicanos describieron la legislación revisada como su “última, mejor y definitiva oferta” a los demócratas antes de la votación del martes.

Fuente: Eleanor Terrett

La industria de criptomonedas ha estado presionando por la aprobación del CLARITY Act para establecer una estructura federal de mercado para los activos digitales, incluyendo límites más claros entre las funciones reguladoras de la SEC y la CFTC.

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