Este revés demuestra una profunda discrepancia sobre cómo deberían ser supervisadas las criptomonedas y qué tipo de protecciones deberían acompañar su crecimiento. Las empresas de criptomonedas apoyan el proyecto de ley porque desean reglas claras. Los opositores se preocupan por la distribución del poder entre los reguladores, las recompensas ofrecidas por las empresas de monedas estables y los posibles conflictos de intereses de los políticos.
¿Quiénes se opusieron a la Ley CLARITY y por qué?
La votación en el Senado mostró que los legisladores están divididos en cuanto a las consecuencias del proyecto de ley para el país. Se necesitaban 60 votos a favor para que el proyecto avanzara; solo se obtuvieron 49, mientras que 50 senadores votaron en contra. Todos los demócratas votaron en contra, junto con cuatro republicanos: Susan Collins (Maine), Josh Hawley (Misuri), Jerry Moran (Kansas) y Thom Tillis (Carolina del Norte). Tillis también presentó una moción que podría permitir que el Senado vote sobre el proyecto de ley de nuevo en el futuro.
Para los demócratas, la mayor preocupación eran las normas éticas del proyecto de ley. Argumentaron que estas normas no eran suficientes para evitar que los presidentes y otros funcionarios se beneficiaran de las empresas de criptomonedas mientras estaban en el cargo. Algunos se preguntaban si el Departamento de Justicia, encargado de hacer cumplir estas normas, realmente podría hacer que un presidente rindiera cuentas.
El debate se intensificó después de que el presidente Donald Trump reveló que él y su familia habían ganado 1400 millones de dólares con sus empresas de criptomonedas el año pasado. Los republicanos intentaron agregar más normas para abordar estas cuestiones éticas, pero los críticos no estaban convencidos de que los cambios fueran lo suficientemente estrictos o claros.
Los grupos bancarios, especialmente los bancos comunitarios, también se opusieron al proyecto de ley. El debate se centró en las “stablecoins” y en si a las empresas de criptomonedas se les debería permitir ofrecer intereses o recompensas similares a sus clientes. Los bancos sostuvieron que tales incentivos podrían atraer los depósitos hacia ellas, mientras que las empresas de criptomonedas no estaban obligadas a cumplir con las regulaciones bancarias. Los bancarios comunitarios temían que esto afectara su capacidad para prestar dinero a empresas locales, agricultores y otros prestatarios.
Las empresas de criptomonedas se defendieron, afirmando que sus incentivos eran similares a los programas de recompensa de las tarjetas de crédito. Otra preocupación era la autoridad reguladora: el proyecto de ley otorgaría a la CFTC (Comisión de Comercio de Futuros y Productos Derivados) más poder para supervisar los activos digitales. Los críticos temían que este cambio pudiera significar menos supervisión de las empresas de criptomonedas.
Comentarios de los senadores y el debate más amplio
Los partidarios del proyecto de ley consideran que unas reglas claras son cruciales a medida que aumenta el uso de las criptomonedas. Ryan VanGrack, vicepresidente de Coinbase, afirmó que millones de estadounidenses invierten en criptomonedas sin una supervisión adecuada. Insistió en que es necesaria la regulación, independientemente de lo que la gente piense sobre esta tecnología.
La senadora Cynthia Lummis defendió las medidas de protección para los inversores incluidas en el proyecto de ley. En X, dijo que los demócratas votaron en contra de la creación de una oficina especial en la CFTC (Comisión de Comercio de Futuros y Valores) para proteger a los inversores minoristas. La Ley CLARITY propone la creación de la “Oficina del Defensor de los Inversores Minoristas” dentro de dicha comisión.
Ese es precisamente el punto de divergencia en el debate: los partidarios sostienen que esta oficina demuestra que el proyecto de ley protege a los consumidores, mientras que los opositores se centran en las débiles normas éticas y la distribución de los poderes reguladores. El hecho de que el proyecto incluya medidas de protección al consumidor no implica que los legisladores estén de acuerdo con todo lo demás.
Los republicanos intentaron responder a algunas de las objeciones proponiendo limitaciones a los funcionarios electos y a sus cónyuges para que no puedan emitir sus propias criptomonedas. Estos cambios obligarían a los funcionarios a vender sus principales inversiones en criptomonedas y darían a los procuradores generales de los estados más poder para investigar posibles conflictos de intereses. Los críticos siguen sin estar seguros de que esto evitaría tales conflictos.
El proyecto de ley no está oficialmente descartado, pero con las elecciones de mitad de mandato de noviembre cerca, parece más difícil obtener su aprobación. Cualquier nueva versión necesitará el consentimiento tanto de la Cámara de Representantes como del Senado para convertirse en ley.
