El Crypto Council for Innovation (CCI) y la Blockchain Association (BA) intentan impedir que Illinois imponga un impuesto del 0,2% sobre las transacciones de criptomonedas antes de que entre en vigor en enero de 2027.

Los grupos comerciales anunciaron el miércoles que han presentado una solicitud de orden judicial preliminar en el Tribunal del Condado de Sangamon, Illinois, con el objetivo de proteger a las empresas de activos digitales de daños irreparables.

“Se está pidiendo a las empresas que inviertan millones de dólares en sistemas para un impuesto que viola sus derechos constitucionales, sin obtener respuestas a preguntas básicas sobre qué se tributa y cuándo, todo bajo la amenaza de sanciones penales”, dijo Ji Hun Kim, CEO del CCI, en un comunicado. “Estos costos se están asumiendo ya, con una fecha límite del 1 de enero, lo que obliga a las empresas a desviar recursos y empleados hacia un impuesto claramente ilegal”.

Los dos grupos presentaron una demanda el mes pasado, alegando que el impuesto a los activos digitales de Illinois viola la Constitución de los EE. UU., la Constitución del estado, las leyes federales y estatales sobre procedimiento legal, así como la Ley Federal de Libertad Fiscal en Internet.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, sancionó la medida en junio, denominándola “impuesto de privilegio”; este impuesto se aplica según el volumen de las transacciones y no según los ingresos de los usuarios de criptomonedas. Otro grupo comercial, el Digital Chamber, presentó una demanda similar unos días antes.

El estado del Medio Oeste fue el primero en el país en imponer un impuesto específico a las transacciones de criptomonedas.

“El estado no pierde mucho si espera; todos los demás pierden mucho si sigue adelante con esta medida”.“Y si esta ley se mantiene en vigencia, Illinois no será el último estado en probarlo“, dijo Summer Mersinger, CEO de la Blockchain Association. Además, Illinois también tiene como objetivo los mercados de predicciones. La empresa Kalshi ha presentado una demanda contra los funcionarios de Illinois por una ley que entró en vigor el 1 de julio y que “prohíbe expresamente los contratos relacionados con eventos deportivos“, lo cual, según la empresa, viola la legislación federal al requerir licencias estatales. Por otro lado, en abril, Pritzker firmó una orden ejecutiva que prohíbe a los empleados estatales apostar en estas plataformas, con el objetivo de “prevenir el fraude de información (‘insider trading’) debido al rápido crecimiento de los mercados de predicciones en línea y los contratos de apuestas basados en eventos“.