Los estafadores han despojado a propietarios de apartamentos turísticos mayores de Estados Unidos de decenas de millones de dólares a través de una compleja operación internacional de fraude de reventa.
Fiscales federales en Texas han acusado a Christian Felipe Rodriguez Peraza, también conocido como Jose Mario Ochoa Rodriguez, de Mazatlan, Sinaloa (México), y a su esposa Brenda Tamayo Corona (también conocida como Jazmin Oliva Chacon), así como a Michael Ian Hollands (del Reino Unido) y Yorlena Alfonso Cuesta, de estar detrás de este esquema que generó ganancias de 40 millones de dólares, según el Departamento de Justicia.
Los acusados se pusieron en contacto con las víctimas para venderles apartamentos turísticos en la costa del Pacífico de México. Los estafadores utilizaron un esquema de venta falso, asegurando que las propiedades de las víctimas habían sido vendidas y que los ingresos estaban listos para ser cobrados. Posteriormente, se les dijo a las víctimas que tenían que pagar varias tarifas e impuestos por adelantado para recibir su dinero.
Para que el esquema pareciera legítimo, los delincuentes se hicieron pasar por funcionarios gubernamentales de EE. UU. y México y utilizaron las identidades de abogados estadounidenses reales.
Según la acusación, Rodriguez colaboró con Hollands y otros cómplices para transferir el dinero de las víctimas a compañías y cuentas bancarias con sede en EE. UU., con el fin de lavar los ingresos ilícitos.
Dos residentes mayores de San Antonio enviaron 1,2 millones de dólares y no recibieron nada a cambio.
Rodriguez y Tamayo fueron arrestados en Francia y extraditados para enfrentar los cargos en el tribunal federal de San Antonio.
Según el fiscal de los Estados Unidos, Justin R. Simmons, del Distrito Occidental de Texas,
“Muchas de las víctimas mayores en este caso enviaron todo el dinero que tenían, e incluso más, basándose en las mentiras que les contó este grupo de estafadores. Como probablemente hayan notado, este Departamento de Justicia está especialmente comprometido con la erradicación de todo tipo de fraudes, especialmente aquellos cometidos contra estadounidenses por organizaciones criminales transnacionales como esta. El largo alcance de la justicia estadounidense seguirá llegando hasta aquellos que intentan enriquecerse a expensas de los ciudadanos.”
Cada acusado enfrenta hasta 20 años de prisión por el cargo de fraude telefónico y hasta 20 años por el cargo de conspiración para lavar dinero en caso de ser condenado.
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Imagen generada: Midjourney


