Esta dimisión anticipada del mandatario, cuyo periodo constitucional debía extenderse hasta 2028, se produce luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) decretara el cierre definitivo y la resolución de la institución bancaria con mayor cantidad de usuarios del país.

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La crisis que derivó en la caída del jefe de Estado comenzó a gestarse cuando, tal como lo reportó CriptoNoticias, el ente regulador detectó un descalce patrimonial masivo en Ueno Bank tras una revisión de sus estados financieros, revelando que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo del 50% del mínimo legal exigido.

Frente a este panorama, las autoridades dictaminaron la interrupción inmediata de todos los servicios de la plataforma, incluyendo aplicaciones y tarjetas, desencadenando un escenario de insolvencia que dejó sin acceso a su dinero a casi tres millones de clientes, cifra que representa cerca del 60% de la población adulta paraguaya.

Este repentino bloqueo de fondos no solo inmovilizó los depósitos de los ahorristas minoristas, sino que también atrapó capitales institucionales de gran envergadura.

Entre los principales afectados se encuentran la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), el Ministerio de Economía y Finanzas, y la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), con más de 14,3 millones de dólares retenidos.

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El impacto institucional más severo recae sobre el Instituto de Previsión Social (IPS), que mantiene comprometidos unos 355 millones de dólares en Ueno Bank. En paralelo, unos 32.000 jubilados y pensionados que cobraban el haber a través de esa entidad tienen garantizados los pagos de noviembre y el aguinaldo, porque el IPS los reasignó a otro banco.

A medida que la magnitud del agujero financiero salía a la luz, el malestar escaló hacia las altas esferas del poder político.

En la Cámara de Diputados, un bloque de 35 legisladores impulsó la acusación de juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, amparándose en el artículo 225 de la Constitución. Diputados aprobó por unanimidad la acusación contra el presidente y la remitió al Senado; el juicio político contra Alliana fue rechazado. El 6 de noviembre el Senado retomó el proceso y convocó a la defensa.

Para aliviar el impacto entre los ahorristas, el Congreso sancionó y el Ejecutivo promulgó la Ley 7745, que anticipa hasta 40 salarios mínimos (unos G. 121,76 millones) por depositante, con pago en un máximo de cinco días hábiles a cargo del Fondo de Garantía de Depósitos.

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El texto señalaba un claro conflicto de intereses, originado en la vinculación accionaria que el presidente mantuvo con Ueno Holding hasta el año 2025.

El aislamiento del mandatario se consumó definitivamente cuando Horacio Cartes, presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y su principal mentor político, anunció públicamente su respaldo al proceso de destitución.

En las semanas previas al colapso de la entidad, Peña había desestimado reiteradamente las alertas sobre la fragilidad del banco. Llegó a calificar los sumarios del BCP como un «tema eminentemente técnico» y atribuyó los cuestionamientos a la «creación de algún medio de comunicación», pidiendo prudencia a la población.

Las repercusiones institucionales y penales del caso avanzaron con celeridad. Horas después de la intervención de la entidad, el presidente del BCP, Carlos Carvallo, se vio forzado a renunciar a pedido del Ejecutivo; un desenlace marcado por el hecho de que él mismo había presidido la financiera Ueno entre 2021 y 2023.

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Paralelamente, el Ministerio Público ordenó la captura de ocho altos directivos bajo cargos de lesión de confianza. Entre los detenidos, que ya se entregaron y encuentran bajo custodia policial, figuran el CEO del banco, Miguel Vázquez, y el presidente de la institución, Juan Manuel Gustale.

La implosión simultánea de la máxima autoridad política del país y de su institución financiera más popular expone nuevamente las vulnerabilidades estructurales del sistema bancario tradicional.

En escenarios de gestión centralizada, los descalces patrimoniales y los conflictos de intereses terminan por congelar el acceso al capital de los usuarios mediante decisiones unilaterales.

Ante la fragilidad de estas infraestructuras basadas en intermediarios que requieren garantías estatales para cubrir las pérdidas, la adopción de redes descentralizadas como bitcoin bajo esquemas de autocustodia se consolida como una vía tecnológica efectiva para garantizar que los individuos puedan resguardar su patrimonio de manera inconfiscable, conservando el control absoluto de sus fondos al margen de las directrices políticas.

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