El Consejo Ejecutivo del FMI concluyó el viernes las segundas y terceras revisiones del acuerdo de 40 meses de El Salvador bajo el Mecanismo de Crédito Ampliado (EFF), según se informó en un comunicado a la prensa. Aunque algunos criterios de rendimiento no se cumplieron, incluso en lo que respecta a la acumulación de Bitcoin, el FMI concedió exenciones “basadas en medidas correctivas contundentes y compromisos renovados”. La institución señaló que El Salvador ha avanzado en las reformas del sector financiero, la transparencia fiscal, la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML/CFT), así como en la transferencia de la propiedad mayoritaria y el control de la cartera gubernamental de Bitcoin Chivo a un operador privado. “Se continuarán los esfuerzos para reducir la participación del Estado en actividades relacionadas con el Bitcoin, fortalecer la regulación y la gobernanza de los criptoactivos y aumentar la transparencia sobre las reservas de criptoactivos del sector público”, afirmó el FMI, añadiendo: “No se prevé ninguna acumulación adicional de Bitcoin más allá de las donaciones documentadas”. El FMI también indicó que la acumulación de Bitcoin por parte de El Salvador no utilizó recursos públicos. La Cointelegraph informó el 4 de septiembre que El Salvador no empleó fondos públicos para acumular Bitcoin tras la primera revisión de su programa de financiación con el FMI, en junio de 2025. Los documentos proporcionados por las autoridades salvadoreñas demostraron que dicha acumulación provino de donaciones privadas.Según el acreedor, el aumento de las reservas de El Salvador no reflejó compras adicionales de Bitcoin financiadas con recursos del gobierno. El FMI también afirmó que la propiedad mayoritaria y el control operativo de la cartera Chivo habían sido transferidos a un operador privado, mientras que el gobierno mantenía una participación minoritaria y responsabilidades de custodia. La explicación aclaró cómo aumentaron las reservas de El Salvador después de la primera revisión, cuando el país declaró en noviembre de 2025 que había adquirido 1.090 BTC por un valor de 100 millones de dólares, lo que renovó las dudas sobre el cumplimiento de su programa de 1,4 mil millones de dólares con el FMI. Las bolsas de valores que informan ganancias con criptomonedas a la Hacienda Pública convierten los impuestos en un verdadero problema.