Apenas 16 empresas de un universo superior a 1.000 operadores que actuaban en la Unión Europea (UE) cuentan en la actualidad con la autorización legal requerida para prestar servicios con criptomonedas en España.
De las entidades habilitadas para operar en territorio español, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha otorgado 10 licencias de forma directa en el mercado nacional.
Seis de estas autorizaciones corresponden a instituciones bancarias tradicionales: Openbank, BBVA, Cecabank, Renta 4, CaixaBank y KutxaBank.
El resto de los permisos comprende a empresas nativas del sector como a los exchanges Bit2Me y Criptan, a las que se suman firmas especializadas en infraestructura, custodia, pasarelas de pago y gestión de activos digitales como Crossmint, Due Network, Fazil Crypto, Cryptopocket, Goin Crypto, Iqana, Minos Global y Prosegur Crypto.
El dato en España confirma el exigente embudo regulatorio tras la aplicación plena del Reglamento sobre los Mercados de Criptoactivos (MiCA) el 1 de julio de este año, como reportó CriptoNoticias.
Desde la entrada en vigencia del nuevo marco legal, cualquier plataforma que carezca del registro oficial como Proveedor de Servicios sobre Criptoactivos (CASP, por sus siglas en inglés), ha quedado inhabilitada para operar de manera legal en Europa.
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A escala continental, el impacto de las exigencias normativas en España se reflejan en la drástica reducción del mercado. En la etapa inicial del proceso dentro de la Unión Europea, solo 210 entidades obtuvieron la acreditación CASP, lo que representó menos de una de cada cinco plataformas registradas previamente.
Sin embargo, los registros oficiales al cierre del periodo transitorio contabilizaron aproximadamente 281 entidades autorizadas sobre un total de 1.343 aspirantes. Hoy en día, la base de datos regulatoria europea computa cerca de 390 firmas aprobadas bajo los nuevos estándares.
Las plataformas nacionales e internacionales que ya han asegurado su licencia CASP, junto a aquellas que hacen uso del «pasaporte europeo» al estar autorizadas en otro país miembro, forman la denominada zona segura. En estas entidades, los depósitos y la compraventa de criptomonedas están totalmente garantizados bajo el paraguas de protección jurídica de la Unión Europea.
