Al detallar las observaciones recogidas por la autoridad monetaria durante su intervención, el funcionario advirtió que varias compañías incumplen las exigencias patrimoniales y contables del sector. «El 30% de las solicitudes de SPSAV están con el capital social fuera de los requisitos y una buena parte no envió las demostraciones financieras auditadas», afirmó Aquino.

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En el marco de la legislación brasileña, las siglas SPSAV identifican a las sociedades prestadoras de servicios de activos virtuales. Estas plataformas —conocidas internacionalmente como proveedores de servicios de activos virtuales o VASP— deben acreditar solvencia financiera y transparencia contable para recibir la autorización de funcionamiento legal.

Sin embargo, el balance presentado por el regulador evidencia que una porción relevante de los aspirantes aún no se ajusta a dichos parámetros. «Ya han presentado solicitudes que no cumplen con la normativa», declaró el directivo durante el encuentro, aunque evitó precisar el universo exacto de expedientes que utilizó para calcular ese porcentaje.

Dicho pronunciamiento tuvo lugar menos de dos semanas después de que venciera el plazo establecido para entregar la primera fase de requerimientos. La fecha límite fijada por el Banco Central para que las compañías iniciaran este trámite administrativo concluyó el 30 de octubre.

Hasta la fecha, el registro oficial publicado por la autoridad monetaria contabiliza 120 procesos de autorización de compañías que buscan operar de forma regulada en Brasil. No obstante, el organismo se abstuvo de divulgar los nombres de las instituciones que presentan inconsistencias o de estimar cuántas podrían enfrentar el rechazo de sus trámites.

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Dentro de ese listado general figuran exchanges locales e internacionales como Mercado Bitcoin, Binance, Coinbase, Ripio, Kraken, OKX y Bybit, como reportó CriptoNoticias. Junto a estas plataformas de intercambio también aparecen empresas de infraestructura financiera y otras entidades interesadas en ofrecer servicios en esa jurisdicción.

Todas estas exigencias forman parte del marco regulatorio diseñado para supervisar el funcionamiento del ecosistema de criptomonedas en Brasil. Tras esta revisión preliminar, la subsanación de los requisitos patrimoniales y la entrega de los balances auditados definirán qué compañías obtendrán el permiso definitivo de operación.