Se trata de Polonia, donde el proyecto, denominado Ley de Medidas Restrictivas, obtuvo 240 votos a favor, 202 en contra y una abstención durante la sesión del 6 de noviembre de 2026. Aunque superó su primera votación parlamentaria, todavía debe pasar por el Senado y recibir la firma del presidente Karol Nawrocki para convertirse en ley.
La iniciativa otorgaría al ministro del Interior la responsabilidad de administrar una lista de personas y organizaciones sujetas a sanciones. Entre los motivos para incorporarlas figuran actividades relacionadas con interferencia extranjera, incumplimiento de sanciones y operaciones coordinadas de manipulación informativa que puedan amenazar la seguridad nacional.
Las medidas contempladas incluyen congelar activos financieros, limitar el acceso a recursos económicos, excluir empresas de la contratación pública y aplicar restricciones de entrada al país. Las criptomonedas también quedarían comprendidas entre los bienes susceptibles de bloqueo.
Sin embargo, la propuesta no contempla congelamientos indiscriminados ni afecta automáticamente a todos los usuarios de activos digitales. Las restricciones dependerían de que las autoridades incorporen a una persona u organización en el registro nacional de sanciones.
Uno de los aspectos más relevantes es cómo se aplicarían estas medidas sobre las wallets de autocustodia. Los bancos y exchanges que administren fondos de personas sancionadas tendrían que cumplir las órdenes de bloqueo correspondientes. En cambio, intervenir directamente una wallet privada sería más complejo, porque una decisión administrativa no proporciona al Gobierno las claves privadas necesarias para mover los fondos.
El caso también plantea una diferencia importante entre controlar las claves privadas y tener plena disponibilidad de los fondos. Como explicó CriptoNoticias, stablecoins como USDT y USDC incorporan mecanismos que permiten a sus emisores bloquear tokens en determinadas direcciones, por lo que mantener criptomonedas en una wallet propia no garantiza que queden fuera de todas las medidas de congelamiento.
El proyecto contempla que los afectados puedan impugnar las designaciones ante tribunales administrativos. No obstante, presentar una apelación no suspendería automáticamente las restricciones, por lo que los activos podrían permanecer congelados mientras avanza la revisión judicial.
La iniciativa también genera cuestionamientos jurídicos. La organización polaca Ordo Iuris advirtió que las facultades propuestas podrían exceder las exigencias de la legislación europea y comprometer garantías constitucionales relacionadas con la propiedad y la libertad de expresión. El Consejo Nacional de Radiodifusión también expresó preocupación por la falta de claridad de algunas disposiciones sobre manipulación informativa.
El proyecto forma parte de una actualización del marco polaco de sanciones y complementaría las obligaciones existentes en la Unión Europea. No debe confundirse con MiCA, cuya finalidad principal es establecer reglas para los proveedores de servicios de criptomonedas y sus actividades.
Ahora, el Senado podrá introducir modificaciones antes de que el texto regrese a la Cámara baja. Posteriormente, Nawrocki tendrá que decidir si lo firma. Su postura será observada debido a sus anteriores desacuerdos con el Gobierno de Donald Tusk sobre la regulación de las criptomonedas, aunque su veto previo a la implementación nacional de MiCA no determina qué decisión tomará sobre esta propuesta.
