El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) instó a Turquía a reforzar la supervisión de los mercados de criptomonedas y a adoptar normas específicas para las stablecoins. En una revisión realizada el miércoles, el organismo internacional de supervisión financiera señaló que las autoridades turcas habían avanzado al introducir requisitos de registro y licencia para los proveedores de servicios de criptomonedas. El informe formó parte del programa regular de revisión de países del FSB y evaluó los avances de Turquía en la implementación de las recomendaciones globales del consejo de 2023 sobre criptomonedas y stablecoins. Previamente, una revisión más amplia de 2025 había detectado deficiencias en la aplicación de dichas recomendaciones por parte de las autoridades nacionales. El FSB recomendó a Turquía que comenzara a monitorizar los riesgos relacionados con las criptomonedas para la estabilidad financiera dentro de un marco formal, que fortaleciera la supervisión y la aplicación de las normas, y que mejorara la cooperación y el intercambio de información con los reguladores extranjeros. En marzo de 2025, la Junta de Mercados de Capital de Turquía introdujo requisitos de licencia y operativos para las casas de cambio y los custodios de criptomonedas, incluyendo umbrales mínimos de capital. El FSB también señaló que Turquía había establecido medidas de protección, como la separación de los activos en custodia y la prohibición de los pagos en criptomonedas a nivel nacional; estas medidas ayudan a limitar la propagación de los riesgos relacionados con las criptomonedas hacia los bancos y los sistemas de pago.Las autoridades también lanzaron una plataforma centralizada para monitorizar las actividades relacionadas con las criptomonedas.
El examen del FSB para el año 2025 determinó que Turquía había finalizado las regulaciones para los activos criptográficos, pero carecía de un marco específico para las monedas estables.
En junio de 2025, el Ministerio de Finanzas de Turquía presentó planes para introducir controles y limitaciones adicionales a las transacciones de monedas estables con el fin de combatir el blanqueo de dinero.
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